Fueron 30 los
presos fallecidos en una masacre en los calabozos del Centro de Coordinación N°
2 General José Antonio Páez en el sector
Campo Lindo en Acarigua, estado Portuguesa, uno de los presos fue asesinado el
jueves 23 de mayo y de allí se desato el conflicto que culminó el viernes 24 de
mayo con 29 presos muertos, convirtiéndose en una nueva masacre, según informa
a través de una nota de prensa el Obvservatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Los cadáveres de
los 30 reclusos fueron trasladados hasta el Hospital Dr. Jesús Casal Ramos de
Acarigua, allí comenzaron a llegar sus familiares quienes fueron pasando para
identificarlos. Una vez que tenían conocimiento que su ser querido estaba
muerto comenzaba la faena con los papeles para retirar el cuerpo y según pudo
conocer el OVP muchos de ellos no tenían recursos para darle cristiana
sepultura a sus seres queridos.
“El Gobierno fue quien los mató ellos deberían
darnos para enterrarlos”, expresó una de las tías de los fallecidos a un medio
de comunicación local y es que un servicio funerario lo mínimo que cobraba era
un millón 300 mil bolívares, muchos resolvieron pidiendo prestado a amigos,
familiares, otros con donaciones de vecinos, algunos los ayudaron familiares de
afuera, otros simplemente vendieron lo que tenían, pero casi todos son familias
de escasos recursos y solo les alcanzó para adquirir los féretros más baratos.
Además del
sufrimiento de haber perdido a sus familiares cada uno debió esperar para la
entrega de los cuerpos porque en un principio en el Hospital no había
suministro para hacer las autopsias, hasta este domingo en horas de la mañana
eran 26 de los 30 cadáveres que habían sido entregados a sus familiares.
Humberto Prado,
coordinador general de OVP pide a las autoridades una investigación inmediata,
exhaustiva e imparcial de estos hechos pues
familiares aseguraron que algunos de los cadáveres presentaban orificios
de bala en la cabeza y estas heridas fueron omitidas en los informes forenses,
los documentos expresaban que la causa de muerte era por la explosión de un
artefacto explosivo.
De igual forma,
Prado exigió que no exista la impunidad en estos nuevos hechos violentos, que
se ubique, enjuicie y condene a los responsables de estás masacre, así como el
Estado debe reparar los daños causados a cada una de las víctimas y sus
familiares.
En este sentido,
solicitó una intervención de está policía en la que a través de videos se
evidenció como los presos estaban armados y en una supuesta requisa realizada
después de la masacre en donde además se observaron a los presos totalmente
desnudos, violando totalmente su integridad, fueron presuntamente sacadas 17
armas de fuego, entre ellas pistolas, revólver y escopetas, tres artefactos
explosivos tipo granadas, así como múltiples armas blancas.
“¿Quién arma a
los presos?” se pregunta el coordinador general de OVP. “El preso ya está preso
y bajo custodia de ellos, un familiar no puede introducir en sus partes íntimas
una escopeta, una pistola o una granada, además ellos son sometidos a una
rigurosa revisión que le violan hasta el alma” expresa Humberto Prado.
Prensa
Observatorio Venezolano de Prisiones
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